senkata y sacaba - denuncia del Cels

El viernes 9 de julio de 2021, mientras festejábamos la independencia argentina, nos enterábamos que el Gobierno de Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano para facilitar el derrocamiento del gobierno de Evo Morales.

Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano

El canciller boliviano Rogelio Mayta realizó la denuncia sobre la provisión «en forma clandestina» de armamento del gobierno de Juntos por el Cambio al régimen que derrocó a Evo Morales.

El Canciller del país hermano, dijo que «hoy» refiriéndose al 9 de julio de 2021, tuvieron acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos:

Que Macri, en 2019, colaboró en la represión al pueblo boliviano, enviando equipamiento bélico para reprimir la protesta social y así consolidar el gobierno de facto de Jeanine Añez.

Rogelio Mayta se refería a la carta que lleva la firma de un general,  Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada en 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en agradecimiento por el “material bélico” que habría recibido de parte del Gobierno de Macri.

Este material bélico se usó para reprimir las protestas tras haber sido derrocado Evo Morales.

El 13 de Noviembre de 2019, desde Bolivia se lo agradecían en una nota.

El 15 de Noviembre de 2019 (dos días después) se producía la masacre de Sacabo y el 19 de Noviembre de 2019, se producía la masacre de Senkata.

En el medio, la represión militar-policial en todo el país de la protesta social, ante el rompimiento del orden constitucional.

Consideramos esta situación de extrema gravedad y absolutamente inaceptable, porque ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos, por un lado, y por otro, que se atente contra la soberanía y dignidad nacional.

Rogelio Mayta, canciller boliviano

Dos denuncias por delitos de lesa humanidad

Explicó que hay dos investigaciones en curso, una por «ruptura del orden constitucional» y otra por «las graves violaciones de los derechos humanos» y señaló que «según cómo evolucionen» se evaluará «la posibilidad de iniciar una nueva denuncia en otro escenario».

El militar boliviano fue detenido, junto a otros comandantes, en el marco de la causa que se investiga el golpe. Terceros Lara juraba ser inocente. Los delitos que se investigan son considerados de lesa humanidad. Un dato que debería preocupar a los abogados de Macri.

Mayta solicitó ayuda al nuevo embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, quien se ocupó personalmente de la búsqueda de una prueba de esa colaboración.

La nota de Terceros Lara apareció mal archivada, «escondida», pero además dicha nota no figura entre los cables oficiales de la embada que por esos días envió a la Cancillería argentina.

Además, los empleados de la embajada recuerdan que los efectivos de la fuerza de seguridad viajaron «para proteger la embajada» y que, arribaron acompañados de varias cajas donde venían las armas. Aclararon que esas cajas salieron al día siguiente y una de ellas no volvió.

La carta donde se confirma que Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano, publicada por Página 12

La carta que demuestra la colaboración de Macri para derrocar a Evo Morales- Página 12

Se ha confirmado que en el golpe de Estado a Evo Morales, participaron las fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia, las fuerzas políticas de la derecha, y al menos 3 países latinoamericanos. Uno de ellos fue el gobierno de Mauricio Macri. 

La existencia de esta carta no solo prueba el hecho en sí mismo, sino la impunidad de la que se cree dueña la derecha y sus secuaces.

Qué dijo el Embajador de Bolivia en Argentina

El embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró (el 12 de julio de 2021) que «se ha corroborado» el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri habría enviado en el 2019 a Bolivia para reprimir la protesta social frente al golpe de Estado a Evo Morales.

La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos el pueblo boliviano no quiere ni olvido ni perdón, sino justicia.

Jorge ramiro tapia, embajador de bolivia en argentina

En cuanto a la dimensión del conflicto en Bolivia, y la responsabilidad de quienes colaboraron, el Embajador aclaró: «Lo que sucedió en Bolivia es un hecho muy triste, murieron muchos bolivianos, otros quedaron mutilados, familias desintegradas«.

El diplomático aseguró que la exministra de Seguridad de la gestión Cambiemos, Patricia Bullrich, «siempre mintió» y que, además de no darle asilo al entonces presidente Evo Morales en Argentina, al ser derrocado por un golpe militar, los trató de «delincuentes y narcotraficantes».

Recordemos que fue el presidente Alberto Fernández y el mexicano Andrés Manuel López Obrador quienes hicieron todos los trámites para poder sacar a Evo Morales de Bolivia.

La represión de la protesta social en Bolivia

Las masacres de Sacaba y Senkata

Pocos días después, del envío de la carta de agradecimiento por el armamento, Bolivia vivió dos hechos gravísimos.

El primero fue el 15 de noviembre: la Masacre de Sacaba donde por lo menos 11 personas murieron y 120 fueron heridas.

El 19 se produjo la Masacre de Senkata, donde murieron 11 personas y hubo 78 heridos.

Las fuerzas de seguridad boliviana, protagonistas de estas masacres, no sufrieron ningún tipo de bajas.

El 16 de noviembre ingresó otra tanda de armamentos.

En esa oportunidad llegaron desde el Ecuador que era gobernada por Lenin Moreno.

En mayo de 2020 un funcionario de la embajada boliviana en Ecuador recibió del jefe de la Policía ecuatoriana una nota donde detallaba el material bélico entregado al gobierno de facto de Añez «en calidad de préstamo». También se trató de armamento anti tumultos.

La proclamación anticonstitucional de Añez

David Inca Apaza, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, sostuvo que no se respetaron los pasos establecidos por la ley.

La proclamación de Áñez se realizó sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, un paso que exige la Constitución boliviana. Además, el acto se realizó en un hemiciclo semivacío, con la única participación de los partidos opositores. Y finalmente, la persona que le colocó la banda presidencial a ella fue el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, el mismo que le «sugirió» a Evo la renuncia, vestido con un uniforme de fajina. Eso no es lo que yo entiendo por una sucesión democrática constitucional.

David Inca Apaza, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto

El abogado impulsa otra acción legal contra la expresidenta por la llamada “masacre de Senkata y Sacaba”: 11 civiles murieron en esas localidades de El Alto, vecina a La Paz, luego de que Áñez, mediante el decreto 4078, eximiera de responsabilidad penal a los militares que reprimían las protestas contra su gobierno.

“Yo fui testigo de esa masacre porque estaba allí en ese momento. Y nadie me puede decir que gente que solo tenía piedras y palos eran una amenaza para militares con armas de guerra”, dijo en una nota de La Nacion en marzo 2021.

El CELS presentó una denuncia ante la ONU por estas masacres: por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad.

Te comparto este video de Ximena, una boliviana, que mediante sus posteos en facebook muestra su descontento y un resumen de la situación de represión vivida en Bolivia.

La posición argentina

La palabra de Fernández se conoció horas después de que el Gobierno nacional denunciara a Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios por el delito de contrabando agravado.

Está certificado que del país salieron 70 mil balas de goma.

Sentí mucha vergüenza porque Argentina haya prestado armamento y gases para reprimir a un pueblo.

Alberto Fernández, presidente argentino

La carta que certifica el envío estaba registrada y archivada en el edificio de la embajada.

Está certificado por documentación argentina que del país salieron 70 mil balas de goma para Bolivia en un vuelo del 12 de noviembre. 

El presidente argentino encomendó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, una investigación y le ordenó a los jefes de las Fuerzas Federales que «informen, en las próximas 72 hs, las responsabilidades en el envío de material policial antitumulto u otro» a Bolivia.

Aunque aún no se determinó judicialmente, sabemos que Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano. Las corroboraciones expresadas por las autoridades de ambos países.

Alberto Fernández se disculpó con Luis Arce.

La carta de la vergüenza de Alberto Fernández porque Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano

La carta del presidente argentino, ofreciendo las disculpas al país hermano, publicada por Página 12:

las disculpas de Alberto Fernandez -Página 12

Ambos presidentes en el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, considerado el Día de la Hermandad Argentino-Boliviana, conmemorando el nacimiento de Juana Azurduy, participaron de la presentación de la película sobre la heroína que se transmitió por la TV Pública.

Claro mensaje de que las relaciones entre ambos países están sanas, pese a la masacre ocasionada por el gobierno de Macri.

La denuncia del Gobierno argentino contra Macri colaboracionista en la represión al pueblo boliviano

El Gobierno Nacional denunció el lunes 12 de Julio de 2021, al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia es por el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

El Gobierno de Macri colaboró en la represión al pueblo boliviano

Los involucrados son:

  • Mauricio Macri, ex presidente argentino
  • Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación)
  • Oscar Aguad (exministro de Defensa)
  • Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto)
  • Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia)
  • Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas)
  • Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)
  • Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina)
  • Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina)
  • Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)

Firmada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero», se indicó en la denuncia.

El argumento de la denuncia expresa que «se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación».

El envío – se explica en la denuncia- «se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina» y el material se desvió «hacia las fuerzas armadas bolivianas».

«La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata«, señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

«No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas«, enfatizaron.

La denuncia incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.

¿Cómo sacaron las armas que Macri envió para colaborar en la represión al pueblo boliviano?

Los denunciantes afirman que todo el operativo para llevar adelante ese respaldo a los golpistas comenzó el 7 de noviembre de 2019.

El entonces director de Anmac, Cozzi, modificó la regulación de la salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados.

Esa decisión administrativa que flexibiliza los requisitos para las salidas temporarias de armamentos termina por eliminar las exigencias de informar a la aduana.

El 11 de noviembre Gendarmería pide la autorización de exportación temporaria del armamento que iban a usar los gendarmes. Allí mismo, dice la denuncia, se hizo una ampliación del cupo de municiones a llevar.

Al día siguiente, la Gendarmería pidió otra ampliación del material a trasladar.

Ahí figuran los 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento.

Esto coincide con la nota de agradecimiento que el 13 de noviembre enviará el entonces jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.

En los archivos de la Anmac no existe una autorización de salida de las granadas de gas pero que existen en los listados de la Gendarmería y en el agradecimiento de Terceros Lara.

Sin embargo, cuando los gendarmes regresaron en junio de 2020, tuvieron que informar y justificar el reingreso del material sobrante, nada se dijo de la exclusión de las granadas lo que para los demandantes implica un reconocimiento de la salida irregular.

Es necesario destacar que el Hércules en el que se trasladaron los gendarmes incluyó el transporte de 177 bultos. Ese avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia durante la madrugada del 13 de noviembre.

Jeanine Añez ya llevaba dos días usurpando la presidencia de ese país (desde el 12 de noviembre de 2019).

El 15 de noviembre la entonces ministra Bullrich firmó y emitió la resolución que autorizaba la salida de esos efectivos. Ese mismo día, a las 20.05, la Gendarmería envió un sobre al Ministerio con la nómina de los gendarmes.

Dos horas más tarde se publicó la resolución de Bullrich, pero los gendarmes estaban en la Paz hacía ya dos días. Bullrich firmó la autorización sin esperar un dictamen del departamento jurídico de la Gendarmería y mucho menos el del ministerio que conducía.

En julio de 2020, cuando regresaron los gendarmes y el entonces titular de la Dirección de Operación de Gendarmería, Carlos Recalde justificó el “consumo” total de los 70.000 cartuchos “anti tumulto” con el ejercicio de entrenamiento y práctica de los uniformados. 

Esta discrepancia y las otras evidencias que incluye la denuncia, le permite a los demandantes sostener la hipótesis del contrabando y el desvío de armamento para un fin no declarado.

La demanda es contundente al sostener «que entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia».

La investigación continúa

 Dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.

  1. La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva. Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron «una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes».
  2. La Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar «la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019». Se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados.

La Aduana ha detectado discrepancias entre el objetivo por el cual se sacó del país y el uso que tuvo después el material bélico. Porque una exportación temporaria impide de manera taxativa la entrega de ese material bélico a fuerzas militares.

El fuero Penal Económico tramita dos denuncias por envío de armamento a Bolivia

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart resultó sorteado el 13 de julio de 2021, para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno nacional contra los funcionarios del Gobierno de Macri.

El sorteo se realizó en la Cámara Nacional de ese fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, en la que también quedó radicada otra denuncia presentada ayer por los mismos hechos por el ex-juez Eduardo Freiller.

En la denuncia del Gobierno, el fiscal será Claudio Navas Rial, el mismo que interviene en la denuncia formulada por el excamarista federal Freiler, que cayó en el juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo del juez Alejandro Catania, actualmente subrogado por su colega Rafael Caputo.

Los magistrados que recibieron ambas denuncias deberán decidir ahora si se unifican y, en tal caso, en qué juzgado: la primera denuncia por número de radicación es la presentada por Freiler en la cual el juez Caputo ya delegó la investigación en el fiscal Navas Rial, mientras que en el otro expediente el magistrado López Biscayart le requirió a los funcionarios denunciantes que en el plazo de 72 acompañen la documentación citada.

La denuncia presentada por el Gobierno aludió a los delitos de «contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación».

Los delitos en los que incurrió el Gobierno de Macri que colaboró en la represión al pueblo boliviano

Entre los delitos que incluye la demanda está la violación de los artículos 219 y 220 del Código Penal.

El art. 219, se refiere a las penas de 1 a 6 años por realizar «actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno» y que pongan en peligro la paz de la Argentina. Estas penas pueden ser de 3 a 15 años si esos actos provocan una guerra. 

En art. 220, determina penas de 6 meses a 2 años para el que viole tratados internacionales, treguas y armisticios. Las penas se incrementan si estos actos son cometidos por militares.

Los hechos descubiertos en los últimos días constituyen una mancha nefasta en la historia de la Argentina ya que es la primera vez que un presidente argentino colabora enviando armamento y municiones con un golpe de Estado de un país hermano como es Bolivia.

martin soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación argentina

Me quedo pensando, ¿qué más tendremos que enterarnos sobre la temible gestión del Gobierno de Macri?

Este post se sigue reescribiendo.

Fuente: Télam | Página 12 | La Nación | CELS

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Por Marita Beros

Emprendedora antes que Diseñadora de Indumentaria. Mamá de Almendra y compañera de Claudio. Me gusta el café y compartir momentos con amigos y amigas. Me reinventé como copywriter, redactora digital y creadora de contenidos. Te brindo mis servicios de consultoría digital (las 3C) para la transformación de tu negocio y comparto mi conocimiento para emprender en vasoyagua.com

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